El saldo de la pandemia en México muestra una dolorosa realidad; los más pobres, sin ingresos, desempleados o con dificultades económicas que les obliga a salir de su casa para obtener el sustento para sobrevivir, son las principales víctimas y la tendencia de nuevos casos demuestra que la afectación de los pobres sigue en aumento, así lo considera el sociólogo Alejandro Ortega Velázquez
El especialista, quien también es director del Observatorio Veracruzano “Poder y Política”, participa en las tareas de revisión estratégica de evolución de la pandemia, midiendo el efecto de las medidas que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal aplican para la contención de este problema de salud.
“Los datos de esta investigación de identidad social de las víctimas tienen el objeto de rebasar las frías estadísticas que todos los días presentan los responsables de las tareas de contención gubernamental. Es parte del esfuerzo construir una radiografía respecto al impacto de la pandemia en la sociedad mexicana que debería ser el punto de partida de las estrategias de contención del COVID-19 y de la reactivación de actividades promovidas por los Gobiernos Estatales y Municipales”, señala.
“Es irrefutable que la movilidad humana y los puntos de concentración de actividades de la población son eventos determinantes en las tendencias de contagio que alcanzan a sectores altamente vulnerables con graves problemas de pobreza y donde se concentran altos índices de precariedad económica, falta de servicios básicos y con hábitos alimentarios de baja calidad e higiene que potencializan el factor de comorbilidades que favorecen a un alto índice de letalidad del 12.3 por ciento, una de las más altas a nivel mundial”, explica.
Comenta que “los datos que arroja el estudio ‘Mortalidad por COVID-19 en México’, que encabeza el investigador y académico de la UNAM, Héctor Hiram Hernández Bringas, ha demostrado que a nivel nacional los grupos más vulnerables son los más afectados por la pandemia, el 23 por ciento de las víctimas son personas en condición de desempleo, subempleo o empleo informal, asentadas en zonas de riesgo por precariedades económicas”.
“Las cifras obtenidas hacen referencia a personas de bajos recursos económicos, con necesidad laboral que no pudieron confinarse y no contaban -por pobreza- con las condiciones necesarias para protegerse”, añade.
“Entre los grupos más afectados, las amas de casa representan el 28 por ciento de las personas fallecidas en el país. El 23 por ciento de las víctimas por su actividad económica eran personas jubiladas, desempleados, trabajadores del campo, choferes, comerciantes de mercados fijos e informales, desempleados, empleados públicos, obreros, trabajadores de los servicios de salud y otros profesionistas”, expone.
El sociólogo Alejandro Ortega Velázquez destaca que los flujos de movilidad de centros urbanos hacia municipios rurales conurbados están provocando la expansión de la pandemia de forma sumamente peligrosa. Se propaga hacia comunidades rurales con poblaciones con indicadores de pobreza, con menos servicios públicos y con menos capacidades de atención médica que irremediablemente son los nuevos centros de riesgo. Esto es lo que sucede con los llamados “Municipios de la Esperanza”, que cada vez quedan menos, que comienzan a tener casos de COVID-19 y que no tienen la atención adecuada.
“La movilidad humana en las regiones tiene que ver por factores económicos (empleo, comercio), educativos, de servicios administrativos y bancarios y de salud. Conocer los flujos humanos y sus puntos críticos de concentración, favorecería a las autoridades para establecer mecanismos de contención con mejores resultados”, indica.
“Mantener tendencia de crecimiento de la pandemia pone en riesgo de colapso a los servicios médicos y a las economías al no poder garantizar las condiciones que reactiven las actividades económicas que hoy están paralizadas”, concluye.
Datos duros
Edad:
El 70% por ciento de los hombres fallecidos tenía entre 40 y 69 años de edad. Entre mujeres, el 65% de los decesos han ocurrido entre personas en el rango de edad de 40 y 69 años y el 27% entre los setenta y más.
Escolaridad:
El 71% de las víctimas tenían una escolaridad de primaria o inferior; 16% acreditaban nivel educativo de secundaria o preparatoria. Sólo el 13% habría cursado estudios profesionales o superiores.
Dónde ocurrieron las defunciones:
57 por ciento, más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas públicas para población abierta (federales o pertenecientes a las secretarías de salud de las entidades federativas). La población que acude a estos centros no tiene cobertura médica ligada a un empleo formal. Se trata de población con grandes carencias.
El IMSS, que da cobertura de salud a más de la mitad de la población nacional, atendió al 30 por ciento de las defunciones registradas. En las unidades privadas, sólo ha ocurrido el tres por ciento de las muertes por COVID-19.
Los casos ambulatorios (que no fueron hospitalizados) representan el 9% de los fallecimientos.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
