En el documento Estimación del costo de eliminar la pobreza extrema por ingreso en México, en tiempos del COVID, los investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUAD) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Héctor Nájera y Curtis Huffman, calcularon que erradicar la pobreza extrema por ingreso durante tres meses para contrarrestar la crisis económica provocada por la pandemia requeriría un 0.7% del Presupuesto Anual de la Nación.
Los autores señalan que “el paro de la economía mexicana a consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias ante la pandemia del COVID-19 ha conducido, en algunos casos, al cierre parcial y en otros al definitivo de empresas, lo que se ha traducido en pérdidas de empleos y los consiguientes ingresos; por otra parte, el surgimiento de obstáculos para ejercer con normalidad las actividades por cuenta propia ha mermado los ingresos de los trabajadores del sector informal, que representan casi el 60% de la fuerza de trabajo”.
“La falta generalizada de ingresos en amplios sectores del país, especialmente entre los que menos recursos tienen, lleva a preguntarse por las diversas estrategias de política social que se podrían usar para paliar las consecuencias económicas de la crisis. Enfrentados a esta situación un objetivo central de la política social, independientemente de los medios para lograrlo, sería evitar que los mexicanos padezcan hambre”, puntualizan.
Derivado de lo anterior, los investigadores propusieron este ejercicio que estima el costo de garantizar que toda la población tenga ingresos suficientes para comprar los bienes recogidos en la canasta alimentaria que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el cálculo oficial de la pobreza.
En ese sentido, consideraron que en promedio se necesitan 475 pesos por persona debajo de la línea de bienestar para alcanzar los ingresos básicos, por lo que en total se requerirían alrededor de 15 mil millones de pesos al mes. Considerando que el presupuesto 2020 del país es de más de 6.1 billones de pesos, la cantidad de dinero que se debería invertir cada mes para que ningún mexicano tenga un ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria sería un 0.23% de este presupuesto.
Lo anterior significa que, si se decide aplicar un programa de apoyo durante tres meses para remontar la crisis económica originada por el COVID-19, se requeriría un 0.7% del presupuesto. Pero es necesario tener en cuenta que al retirar el programa habrá un conjunto de personas que volveráÌ a la situación de pobreza extrema por ingreso.
Si por el contrario el objetivo de la política social fuese eliminar la pobreza, entonces, una vez recuperada la economía habría que mantener un programa permanente de apoyo a la población que se encontrase en esta situación, lo que tendría un costo menor al 1% del PIB y aproximadamente del 3% del Presupuesto Anual de la Nación.
Nájera y Huffman señalan: “Hecho el cálculo de cuánto es el costo de financiar una política pública de apoyo a la población en condición de pobreza extrema por ingreso, hay que encarar el problema de cómo hacerles llegar los recursos. Si se piensa en entregar directamente la cantidad que necesita cada pobre extremo para disponer de un ingreso superior a la canasta alimentaria habría que refinar el método de estimación, a fin de valorar cuánto dinero requeriría cada persona en función de sus características, esto equivale a diseñar un buen método de focalización. No se enfrenta este problema si la estrategia que se adopte otorga, por ejemplo, un ingreso ciudadano universal (ICU)”.
“Otra opción consistiría, en lugar de apoyar con dinero, ofrecer trabajo a través de las alcaldías y municipios del país para emprender obras sociales determinadas por los distintos niveles de gobierno. Lo que tiene una serie de ventajas como, por ejemplo, el efecto del trabajo sobre la autovaloración de las personas, generar una producción de bienes y servicios que cuentan para la medición del nivel de la actividad económica, además que evita el problema de selección a quienes otorgarle el apoyo, porque se autofocaliza”.
Esta última estrategia también tiene debilidades, especifican, ya que para que funcione adecuadamente es necesario que toda la población en situación de pobreza extrema por ingreso se informe del programa y tenga las posibilidades reales de participar.
También hay que tomar en cuenta que, al bajar los recursos al nivel de alcaldías y municipios, se corre el riesgo de que los apoyos sean capturados por otras personas y no lleguen a su destino, especifican.
“Nos parece que este no es un problema menor y requiere de acopiar la experiencia de muchos años de política social en México y de mucha discusión acerca de las posibles opciones abiertas para resolver este problema”, concluyen los especialistas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
