De acuerdo con el informe “Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es preciso garantizar los procesos electorales democráticos e impedir que las medidas destinadas a evitar la propagación del COVID-19 restrinjan el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos; en particular, el derecho a votar y a ser elegido.
“En todos los procedimientos de votación, incluidas las iniciativas alternativas, como la votación remota, se deberán aplicar las normas internacionales y regionales de derechos humanos para garantizar y promover la inclusión y la participación efectiva de todas las personas. Además, las elecciones deberán llevarse a cabo en un entorno que facilite el diálogo democrático durante la pandemia de COVID-19 y después de ella y que permita garantizar la libertad de opinión y de expresión, el acceso a la información, la seguridad física y el acceso efectivo a la justicia y a recursos en caso de que se infrinjan estos derechos”.
En este sentido, el documento considera que, en el ámbito regional, se ha puesto énfasis en la importancia de asegurar el acceso a la información relativa a las elecciones en la era digital, mediante una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados, los actores digitales y otras partes interesadas. “Hoy más que nunca, promover la universalización del acceso a las tecnologías digitales es esencial para que nuestras sociedades funcionen y para que la población pueda participar efectivamente en el ámbito político”.
El organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que, durante la crisis, es clave fortalecer las instituciones democráticas y los espacios de participación y diálogo. “Las elecciones permiten que la población evalué la respuesta de sus gobernantes frente a la pandemia. Los resultados que se obtienen en las urnas pueden ser una indicación del respaldo o el rechazo de la ciudadanía a los gobernantes y partidos políticos actuales, y dan legitimidad a las autoridades electas”.
“Los procesos electorales y sus resultados son una oportunidad para promover un pacto social renovado con la población, para identificar las brechas, los déficits democráticos y las debilidades institucionales, y para avanzar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que se refiere a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En particular, en lo que respecta a la meta destinada a reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas, se deben crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y garanticen la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas en todos los niveles, que respondan a las necesidades de la población”.
Para la CEPAL, la crisis exige una acción pública rápida y eficiente, que atienda las diversas realidades nacionales y tome decisiones basadas en el conocimiento científico, mismas que deben ser consideradas por la ciudadanía como las mejores alternativas de política pública.
“Para ello, resulta fundamental que la autoridad sea capaz de escuchar a los ciudadanos, de modificar la trayectoria si se diera el caso, y de abrir espacios que supongan un mejor uso de las tecnologías digitales para facilitar la participación de la sociedad civil; por ejemplo, de las organizaciones y los movimientos feministas y de mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, la población rural, las comunidades de base y la comunidad científica y de investigación, entre otros actores”.
El escrito reconoce que la pandemia ha puesto en tensión la arena política, por lo que los Gobiernos de la región se ven obligados a actuar a través de una compleja red de toma de decisiones. “La magnitud de la crisis ha puesto de relieve la necesidad de que la autoridad actúe en las diferentes escalas territoriales (mundial, nacional y local) y de que lo haga de manera integral y coordinada”.
La contingencia sanitaria ha visibilizado lo que hacen las autoridades locales como líderes comunitarios, autoridades de salud pública, autoridades educativas, empleadores, socios de otros actores del sector público y privado, o proveedores de servicios, pero en este proceso ha habido desencuentros con las autoridades nacionales que reflejan las distintas visiones técnicas y las responsabilidades diversas que se deben cumplir.
El informe recuerda que las autoridades subnacionales han cuestionado la velocidad y la base de las decisiones de los gobiernos centrales, y han recurrido a su autonomía legislativa y ejecutiva para dictar medidas más restrictivas. De hecho, estos gobiernos tomaron medidas de control cuando entendieron que las que adoptaban las administraciones nacionales eran insuficientes o tardías.
Para los especialistas que elaboraron el informe es necesario comprender mejor el ámbito de competencia de cada uno de los niveles de gobierno, existe una urgente necesidad de que las estrategias se planifiquen, comuniquen y coordinen de forma adecuada, y se considera fundamental la inclusión de la sociedad civil, el sector académico y el sector privado en la toma de decisiones.
“En América Latina y el Caribe se necesita una acción política transformadora que sirva de guía y ofrezca certeza y orientación para salir de la crisis provocada por el COVID-19. Se debe evitar vivir otra vez una década perdida y los graves efectos sociales, económicos y medioambientales que esta conllevaría”, concluyen.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
