A través informe titulado La recuperación Post-COVID-19: Cómo articular respuestas integradas a la crisis sanitaria, económica y climática en América Latina y el Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recomienda utilizar soluciones climáticas integradas para salir de la crisis económica producida por la pandemia.
De no hacerlo, advierte, la región transitará por un camino con efectos aún más dramáticos que los del COVID-19, con sequías, inundaciones, huracanes, pérdidas en la producción agrícola, pérdidas de energía y exposición a un aumento de las pandemias, entre otros.
El estudio considera que los planes de recuperación económica después del COVID-19 requerirán grandes cantidades de recursos, lo que aumentará la ya elevada deuda de la región, por lo que la capacidad de la mayoría de los países para responder a las crisis climáticas se verá gravemente disminuida. En este contexto, es fundamental hacer que las estrategias de respuesta sean diferentes de los planes de recuperación económica que se han visto hasta el momento.
“La incorporación de soluciones sostenibles y ‘a prueba del clima’ nunca ha sido más importante que ahora para mejorar la resiliencia de las sociedades, y de estar preparados de la mejor manera posible para el futuro. Los países deberían integrar la sostenibilidad en sus planes de recuperación post-COVID-19”.
Derivado de lo anterior, los especialistas de PNUMA recomiendan vincular los planes de recuperación de la pandemia con soluciones climáticas integradas, con la capacidad de generar un crecimiento económico sustancial y millones de empleos.
En ese sentido, proponen intensificar el despliegue de la energía renovable y la eficiencia energética, ya que de esta forma se apoya la seguridad energética, reduciendo la dependencia de terceros y contribuyendo a la creación de empleo y la dinamización económica.
“Las medidas para promover estas tecnologías tendrían efectos positivos tanto en la demanda como en la oferta agregadas de las economías, en mayor medida que la infraestructura tradicional; además, están ganando la carrera por la generación de energía más barata, lo que hace injustificables las inversiones en fósiles”.
México, ejemplifican, hasta 2019, invirtióÌ 1,000 millones de dólares en energía solar, lo que creó más de 9,000 puestos de trabajo y más de 200 nuevas pequeñas y medianas empresas. “Gracias a las tecnologías ligadas a la eficiencia energética, la región podría lograr ahorros en costos de la electricidad de 8,000 millones de dólares para 2030, con la creación de un mercado de trabajo dinámico y decente”.
También consideran fundamental garantizar un aire limpio y mejor salud a través de la movilidad eléctrica. “Estudios internacionales vinculan la mala calidad del aire a largo plazo con el aumento de las muertes causadas por el COVID-19, y el transporte es responsable de cerca de la mitad de la contaminación en las ciudades de la región, por lo que un cambio hacia la movilidad eléctrica mejoraría la calidad del aire y aumentaría la resiliencia a la pandemia y a eventuales episodios sanitarios”.
Un escenario de electrificación del 100% del transporte en la región para 2050 reduciría la demanda total de energía en casi 2,000 millones de barriles de petróleo; reduciría los contaminantes atmosféricos en las zonas urbanas, con lo que se ahorrarían 30,000 millones de dólares en gastos sanitarios anuales, y sólo en Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, San JoséÌ, y Cali, se podrían evitar más de 435.000 muertes prematuras; además, se abrirían nuevas vías de actividad económica, lo que daría lugar a la creación de más de 5.3 millones de nuevos puestos de trabajo.
Otra de las propuestas incluye el reducir gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, para reorientar estos recursos hacia tecnologías de cero emisiones, como las energías renovables no convencionales, que son más competitivas y crean más empleos. “En este mismo contexto, un impuesto sobre las emisiones de carbono aumentaría los ingresos del estado y aceleraría el despliegue de tecnologías de cero o bajas emisiones”.
El organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas también plantea aumentar la resiliencia de los ecosistemas, la alimentación y los medios de vida rurales. En ese sentido, considera que las zonas rurales son fundamentales para hacer frente a las pandemias, garantizar la soberanía alimentaria y el bienestar de la población, el problema es que la seguridad alimentaria está amenazada por el cambio climático.
“Las soluciones basadas en la naturaleza son extremadamente rentables para ayudar a los ecosistemas a producir servicios para el desarrollo económico de las poblaciones locales, permitiéndolos hacer frente a los efectos del cambio climático y las enfermedades. Ecosistemas saludables proporcionan importantes beneficios económicos en forma de pérdidas evitadas por desastres relacionados, así como servicios de apoyo ecosistémico, por un valor estimado de 125 billones de dólares anuales”.
Finalmente, el informe habla de la necesidad de conseguir ciudades más resilientes al aplicar soluciones basadas en la naturaleza, que mejoran la salud de los ciudadanos y crean puestos de trabajo.
Las acciones prioritarias en ciudades podrían ser: el mejorar la conectividad entre las ciudades y hábitats, paisajismo urbano para el distanciamiento social y repoblación forestal en las urbes; creación de humedales artificiales para el tratamiento de aguas y aguas residuales, e instalación de pavimentos permeables para aumentar la infiltración y reducir las inundaciones y la pérdida de agua. Estas infraestructuras tienen sentido económicamente, ya que los beneficios superan a los costos en una proporción de 4 a 1.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
