La pandemia conlleva un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, derivado del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países, afirma un nuevo informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominado Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19).
En este momento de crisis, salvaguardar los cuatro principios y derechos fundamentales al trabajo, es decir la libertad sindical y negociación colectiva, y la ausencia de trabajo forzoso, trabajo infantil y discriminación en el empleo y la ocupación, es más importante que nunca, porque constituyen los fundamentos para reconstruir un mundo mejor y más justo en este periodo subsiguiente, señala el escrito.
La OIT estima que el equivalente a 400 millones de trabajos a tiempo completo se perdieron a causa de la pandemia, sólo en el segundo trimestre de 2020.
“Por supuesto, los efectos adversos de la crisis no se distribuyen por igual; los sienten más aquellos que ya pertenecen a los segmentos más vulnerables y menos protegidos de la sociedad, incluidos los pobres y socialmente excluidos, los trabajadores y productores pertenecientes a la economía informal, los trabajadores migrantes, las personas sujetas a discriminación y los que viven en contextos de fragilidad, conflictos y desastres naturales recurrentes. Para ellos, es probable que la crisis exacerbe los riesgos del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación en el empleo y la ocupación y el desempoderamiento”.
El estudio publicado por el servicio FUNDAMENTALS de la OIT considera que la
contingencia está dificultando en muchos lugares el cumplimiento de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, tanto en la ley como en la práctica, lo que a su vez dificulta el desarrollo de respuestas a la crisis arraigadas en el consenso social.
Lo anterior constituye un problema, ya que el mismo ejercicio de los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva ha resultado vital para construir respuestas efectivas y consensuadas a la crisis, y en un número creciente de casos, empleadores y trabajadores están negociando medidas para mitigar o limitar las consecuencias de la emergencia sanitaria en la salud, el empleo y los ingresos, y para apoyar la recuperación.
A su vez, el documento refiere que la pandemia magnifica algunos de los principales impulsores del trabajo forzoso, como la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de opciones alternativas de supervivencia, alimentando los temores de un aumento en el número de personas involucradas en él.
“La crisis también está provocando un deterioro de las condiciones de trabajo que ya son explotadoras, lo que lleva a los trabajadores más allá del continuo de abusos que desemboca en trabajo forzoso y trata. Hay informes cada vez mayores de dificultades adicionales que enfrentan los trabajadores, y especialmente los trabajadores migrantes, que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.
Los especialistas de la OIT indican que también es probable que la agitación económica asociada con la crisis de COVID-19 cree una demanda y oportunidades adicionales para el trabajo forzoso. A medida que las empresas de todo el mundo luchan por hacer frente al aumento de la demanda de suministros y equipos médicos, por ejemplo, en algunas ubicaciones hay informes de organizaciones de derechos humanos en los que afirman que los trabajos forzados se aplican en su producción.
“La urgencia de mantener la producción de alimentos y la cadena de suministro de alimentos también se suma a los riesgos de explotación en la agricultura, un sector con un historial de trabajo forzoso en algunos lugares”.
Otra de las grandes preocupaciones que ha generado la crisis por COVID-19 en el mundo, explican, es que algunos niños asuman las funciones laborales de los padres u otros trabajadores adultos para lograr salir adelante.
“Se estima que entre 42 y 66 millones de niños podrían caer en la pobreza extrema este año, que se suman a los 386 millones de niños estimados que ya estaban allí en 2019, y ahora que sus familias sufren pérdidas de empleo sin precedentes, pérdida de ingresos debido a cierres cerrados, cortes de remesas, catástrofes repentinas, aumentan los costos de salud y sufren una serie de conmociones derivadas directa o indirectamente de la pandemia, las familias pueden verse obligadas a depender del trabajo infantil como mecanismo de supervivencia”.
Además, los cierres de escuelas como resultado de la política de aislamiento para impedir contagios de COVID-19 también incrementan el riesgo de trabajo infantil, ya que se ha comprobado que cuando los menores de edad comienzan a ganar dinero por un empleo es más difícil que regresen a estudiar.
El aumento de las peores formas de trabajo infantil es motivo de especial preocupación, como la servidumbre doméstica, la explotación sexual comercial y el trabajo peligroso en la minería y la agricultura, así como en una variedad de actividades de explotación, previenen los expertos.
Por otra parte, reseñan que la crisis está amplificando los efectos de la discriminación generalizada en el mundo del trabajo, ya sea por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social, estado serológico del VIH, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o otro.
“El pánico y el miedo del público en torno al contagio del COVID-19 ha generado su propia ola de estigma, xenofobia, racismo e intolerancia, que está encontrando expresión en el mundo del trabajo. Hay cada vez más informes de violencia y acoso en el lugar de trabajo por motivos raciales o de otro tipo relacionados directamente con los temores del virus; en algunos casos, esto incluso ha implicado el acoso de médicos y enfermeras que arriesgan sus vidas a diario para combatir la propagación del virus”.
Para combatir la situación descrita previamente, la OIT propone estimular la economía y el empleo, al adoptar una política fiscal activa; instituir una política monetaria acomodaticia, y proporcionar préstamos y apoyo financiero a sectores específicos, incluido el sector de la salud.
Asimismo, pide a los gobiernos que apoyen a las empresas, empleos e ingresos, al ampliar la protección social para todos, implementar medidas de retención de empleo, y proporcionar desgravaciones financieras/fiscales y de otro tipo.
Otra de las propuestas es garantizar la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo al fortalecer las medidas de seguridad y salud ocupacional, adaptar los arreglos laborales (por ejemplo, teletrabajo), prevenir la discriminación y la exclusión, y proporcionar acceso a la atención médica para todos
Finalmente, señala la importancia de confiar en el diálogo social para encontrar soluciones y pide fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores; fortalecer la capacidad de los gobiernos y robustecer el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y procesos de relaciones laborales.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
