Una de las consecuencias más devastadoras de la pandemia ha sido el aumento del número de casos (reportados o no) y la intensidad de los episodios de violencia sexual, física y psicológica contra las mujeres y las niñas, cuyas posibilidades de denunciar agresiones durante el periodo de aislamiento y, por ende, de recibir protección se ha visto reducida por la reclusión y la falta de respuesta del Estado, reflejando que no se ha abordado esta contingencia desde un enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad.
Lo anterior se afirma en el informe De los discursos a los hechos: Violencias contra las mujeres y la ausencia de políticas gubernamentales para garantizar una vida libre de violencias antes y después del COVID-19, hecho por la asociación civil Red Nacional de Refugios (RNR).
El documento refiere que, entre marzo y julio del 2020, esta agrupación ha brindado acompañamiento, atención integral y protección a 23 mil 303 personas a través de sus refugios, centros de atención externa, casas de emergencia, casas de transición, por vía telefónica y redes sociales, lo que representa un incremento del 71% de atenciones en comparación al mismo periodo del 2019.
En el mes de julio crecieron particularmente las solicitudes de auxilio y orientación a dos cada hora, lo que implica un aumento del 61% en comparación con junio, cifra que se relaciona con la reapertura económica, que permitió que las mujeres en situación de violencia volvieran a estar solas para poder llamar e incluso salir de casa para pedir ayuda, expone.
“Los relatos de los casos que salen a la luz pública y aquellos que acompañamos en los espacios de prevención, atención y protección de la Red Nacional de Refugios muestran la cadena de omisiones y negligencias por parte de las instituciones públicas para brindar atención y garantizar el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencias a todas las mujeres en todas las etapas de su vida y diversidades”.
El escrito elaborado por Wendy Figueroa Morales y Cecilia Toledo Escobar recuerda que los colectivos y organizaciones feministas han exigido al gobierno que se haga cargo de su responsabilidad de adoptar políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. “No obstante, bajo la lógica de la austeridad republicana como guía del gobierno, se han afectado seriamente programas clave para fortalecer y garantizar los derechos de las mujeres, y en algunos casos se registraron graves retrocesos por la cancelación, retrasos o retenciones del presupuesto”, señala.
El estudio considera que las medidas de aislamiento social hicieron visibles desigualdades y discriminaciones que viven las mujeres; aunado a ello, ha evidenciado la persistencia de la violencia en los hogares, misma que pone en riesgo la vida de cientos de mujeres, niñas y niños.
“En la pandemia se han registrado incrementos en los feminicidios, delitos sexuales y la violencia familiar, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a julio de 2020 se registraron 549 feminicidios. En siete meses, se iniciaron 123 mil 927 carpetas de investigación por violencia familiar, pero tan sólo en el mes de julio aumentaron las denuncias en un 3.7% con respecto a las registradas en junio, que fue de 18,882”, se recuerda.
Asimismo, indica que las organizaciones feministas y de la sociedad civil también han registrado un aumento en la violencia familiar y de género. Específicamente, 4 de cada 10 mujeres que se comunicaron a la RNR refirieron sufrir violencia física y el 51% de las hijas e hijos fueron víctimas de agresiones mientras se quedaban en casa protegiéndose por la pandemia. Si analizamos el tipo de violencia reportada, se incrementó particularmente la sexual.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que durante el periodo de aislamiento generado por la pandemia en nuestro país se registró un crecimiento del 117% en la actividad de pornografía infantil, así como un aumento en la comercialización o prostitución de niñas y niños.
“A pesar de estos índices, para afrontar la crisis económica que ha generado la pandemia por COVID-19, el gobierno mexicano optó por aplicar los principios de austeridad republicana en el ejercicio del presupuesto, afectando visiblemente la disponibilidad de recursos y la capacidad institucional para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente, el de vivir libres de violencias, lo que significa un retroceso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los derechos humanos”.
Aunado a ello, exponen las especialistas, carecemos del Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2019-2024, documento que plasma la estrategia y objetivos del gobierno para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, especialmente necesario ante la doble pandemia que viven las mujeres en el contexto del COVID-19,.
De esta forma, el gobierno de la cuarta transformación ha invisibilizado la situación de violencia y desigualdad que persiste en el país y que obstaculiza el desarrollo y la participación de las mujeres y las niñas, durante y posterior a la pandemia, opinan.
Ante este panorama, las autoras del informe refieren que la propuesta central de la Red Nacional de Refugios es atender la desigualdad y potencializar la autonomía económica, física y política de las mujeres, transitando a acciones que garanticen la igualdad sustantiva de las mujeres y niñas.
Derivado de lo anterior, consideran indispensable poner en el centro de la política de este gobierno los derechos humanos de las mujeres, abordando la diversidad y las múltiples discriminaciones; así como crear políticas integrales con enfoque de género y derechos humanos.
“Es fundamental designar presupuestos con enfoque de género dirigidos a garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia y a disminuir las brechas de desigualdad, respetando las leyes y el presupuesto, priorizando los derechos humanos ante cualquier política de austeridad. No podemos seguir repitiendo lo que desde el 2019 hemos venido presenciando, recortes de presupuestos dirigidos a la igualdad y los derechos humanos de las mujeres”, especifican.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
