La representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Dana Graber Ladek, explicó que las niñas, niños y adolescentes migrantes y desplazados corren un mayor riesgo de sufrir los impactos inmediatos y secundarios del COVID-19, ya que la pandemia ha exacerbado sus condiciones de vulnerabilidad, así como las barreras y obstáculos para el goce efectivo de sus derechos que ya existían previamente.
Durante el foro virtual Nueva Normalidad, repercusiones del COVID-19 en los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recordó que, aunque los flujos de migrantes disminuyeron con el inicio de la pandemia, han aumentado gradualmente en los últimos meses.
Los efectos de los huracanes, la situación socioeconómica derivada de la pandemia y los problemas de seguridad han incrementado los flujos migratorios, lo que implica que hay una mayor cantidad de personas en movimiento en México o que se dirigen hacia aquí como destino final, especificó.
“Además, derivado de la emergencia sanitaria, varios albergues en el país cerraron sus puertas como medida de prevención y muchas personas han cambiado sus proyectos migratorios a consecuencia de las largas esperas del proceso”.
La representante de la OIT explicó que los hijos de trabajadores migrantes sufren estas situaciones y frecuentemente viven en las zonas urbanas más desfavorecidas, donde tienen un mínimo acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene; en ocasiones viven en condiciones de hacinamiento y no pueden alimentarse sanamente, lo que los hace más vulnerables a la enfermedad.
“Además, la desinformación sobre la propagación del COVID-19 y su vinculación con el movimiento de personas incrementa la xenofobia y la discriminación que de por si enfrentan niñas y niños migrantes y desplazados y sus familias, por lo que es importante realizar campañas para contrarrestar esta situación”.
Refirió que, de acuerdo con los resultados de la Matriz de Seguimiento de Movilidad Humana (DTM, por sus siglas en inglés) en la que la OIT incluye el estudio sobre el impacto en los migrantes del COVID-19, se ha visto una alta vulnerabilidad de las mujeres embarazadas y con recién nacidos, quienes tienen un limitado acceso a los servicios de salud, por lo que es complicado que puedan tener cuidados prenatales y posnatales.
La crisis económica derivada de la pandemia ha provocado que las familias tengan una menor capacidad para la adquisición de servicios básicos, como la salud, la educación y la vivienda, lo que implica un efecto directo en el bienestar de niñas, niños y adolescentes, dijo.
Indicó que también se detectaron problemas, como una mayor dificultad al registrar a los recién nacidos en México; un aumento en los niveles de violencia intrafamiliar y la basada en género; así como una mayor cantidad de mujeres que han perdido a su pareja por COVID-19 en familias en las que los hombres eran los principales proveedores, por lo que existe una vulnerabilidad adicional en las familias monoparentales en las que está al frente una mujer.
“Otra consecuencia importante de la pandemia fue el incremento de los niveles de incertidumbre, aunado a pérdidas de ingreso y dinámicas de confinamiento, que han generado sentimientos de temor y estrés psicológico, haciendo evidente la necesidad de apoyo psicosocial porque se está dando una pérdida de las redes de apoyo. En ese sentido, el cuidado de niñas y niños se ha vuelto un desafío cuando los padres tienen que salir a trabajar, ya que tampoco hay espacios de cuidado disponibles y hay un aumento en la vulnerabilidad física y de los riesgos de seguridad, tanto en espacios públicos como los privados”.
Dana Graber expuso que otros riesgos que enfrentan los menores de edad migrantes son la separación familiar; la precarización de las condiciones de vida; la falta de acceso a medidas básicas de higiene y distanciamiento social por su condición móvil; el aumento de la vulnerabilidad, en particular de las niñas, frente a la trata de personas; los retornos sin determinaciones del interés superior desde Estados Unidos a México y desde México a los países del sur y el alto riesgo de contagio en la detención migratoria.
Derivado de lo anterior, consideró fundamental el poner el interés superior de los menores de edad al centro de cualquier decisión, tomar en cuenta en principio de autonomía progresiva de niñas y niños y adaptar en consecuencia cualquier intervención.
“Se deben tener consideraciones especiales con los menores no acompañados o separados; no deben detenerse niñas, niños y sus familias, en ese sentido recientemente se publicó una reforma que armoniza la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual se aborda este tema y es fundamental garantizar el derecho de información y de participación de este colectivo en el contexto de la movilidad, tomando en cuenta su desarrollo y aspectos culturales”, aseguró.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
