De acuerdo con los especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mariano Bosch y Mauricio Cárdenas, la salida a la crisis económica generada por el COVID-19 en América Latina y el Caribe debe convertirse en la ruta de entrada a un mercado laboral donde la formalidad y la protección social sean la norma y no la excepción.
“En la actual fase de reactivación, los países de la región deben proponerse la generación de oportunidades laborales de buena calidad y no simplemente la reposición de los trabajos que se han perdido durante la crisis, considerando que una buena oportunidad laboral es aquella que corresponde a un empleo bien remunerado, estable y que cumple con las normas de protección del trabajador”.
En el estudio Trabajos formales para la recuperación: ¿qué reformas necesita América Latina y el Caribe?, señalan que la pandemia también ha evidenciado la importancia de contar con un sistema de aseguramiento en salud que no distinga la condición laboral de la persona. “Por ello, la recuperación debe sembrar las bases para un nuevo equilibro basado en la generación de empleos formales, acompañado de un sistema de aseguramiento universal en materia de salud que sea financieramente sostenible”.
El informe recuerda que las tasas de desempleo han aumentado en la gran mayoría de países de la región. De acuerdo a los datos obtenidos por el Observatorio Laboral COVID-19 del BID, la disminución en el número de ocupados se encuentra en un rango entre el 10 y el 25%; mientras que las tasas de ocupación (porcentaje de ocupados en la población en edad de trabajar) han registrado descensos cercanos a los 10 puntos porcentuales en promedio.
En total, en septiembre de 2020 en América Latina se registraron 25.3 millones de personas desempleadas en comparación a la situación de la prepandemia, con una reducción del empleo formal de más de 3.5 millones de personas. Las mujeres y los jóvenes han sido los más afectados.
Después de Brasil, México es el país de Latinoamérica en el que se han perdido una cantidad mayor de empleos: 4,642,753 personas se quedaron sin trabajo, de las cuales solamente 911,344 tenían un empleo formal. Por su parte, la tasa de empleo en general cayó un -8.3% y si se analizan los datos por género, disminuyó un -11.1% entre las mujeres y un -6.5% entre los hombres.
El documento observa que la población económicamente activa ha tenido un comportamiento procíclico durante la pandemia: la caída en la actividad económica ha estado acompañada de una fuerte reducción en la participación laboral. Esto puede reflejar que las medidas de confinamiento han puesto a las personas en una situación en la que no tienen trabajo ni pueden buscarlo, por lo que es normal que se incremente la participación laboral con el levantamiento de las restricciones.
“Además, ha habido cambios en la composición del mercado laboral. La evidencia para algunos países, como México, indica que 500 mil jóvenes ingresaron al grupo de personas que ni estudian ni trabajan (los denominados ninis). Por si esto fuera poco, se han reducido el número de horas trabajadas y las remuneraciones para quienes aún conservan una ocupación”.
Los autores explican que antes de la contingencia sanitaria el mercado laboral en América Latina ya reflejaba algunas características preocupantes, como el lento dinamismo de la productividad laboral y, por lo tanto, de las remuneraciones. “Este fenómeno, asociado a la alta informalidad, y sumado a los bajos niveles de protección social, incumplimiento de las normas y la legislación laboral, indica que es imprescindible introducir reformas que mejoren las condiciones del empleo en la región”.
Derivado de lo anterior, consideran que una estrategia integral de reactivación requiere la toma de acciones para resolver los problemas tanto de corto plazo, en especial la disminución en los niveles de ocupación, como los de mediano y largo plazo, relacionados con las características estructurales del mercado laboral.
La informalidad, aclaran, es uno de los fenómenos más persistentes de los mercados laborales en América Latina y el Caribe, donde más de la mitad de los trabajos son informales, esto genera dos efectos particularmente adversos al control de la pandemia: En primer lugar, los trabajadores informales no tienen sistemas de protección social como el seguro de desempleo, ni sus empleadores se benefician de los programas de apoyo directo, o a través de créditos, para el pago de las nóminas, lo que obliga a los trabajadores a evadir el confinamiento con el fin de obtener un sustento. En segundo lugar, las actividades informales conllevan, en la mayoría de los casos, contacto humano, lo cual las hace más propensas para la transmisión del virus.
“Por eso, en América Latina, pese a que ha habido cuarentenas más largas que en otras regiones, su efectividad ha sido limitada debido a que el porcentaje de personas que permanece en el hogar se redujo poco tiempo después de que se introdujeran las medidas de confinamiento”.
Bosch y Cárdenas apuntan que los efectos de la informalidad se amplifican derivado de que existe una limitada conectividad a internet y porque estos trabajos son, por lo general, difíciles de desempeñar por medio de plataformas virtuales (peluquerías, reparaciones, transporte, servicios personales, etcétera). “En estas circunstancias, las personas no tienen una opción diferente a salir a trabajar, pues este es su único medio para obtener un sustento”.
Por otra parte, señalaron que, aunque el empleo informal cayó muy rápidamente después de que comenzó la pandemia, también es cierto que los empleos informales han crecido a una mayor velocidad que los formales desde que las economías de la región tocaron fondo. De mayo a septiembre del 2020, el empleo informal en México aumentó en 5.4 millones (19.4% del empleo), mientras que el empleo formal apenas se ha recuperado.
Por ello, especifican, el reto es lograr que los empleos que se están creando sean mayoritariamente formales. “Hay buenas razones para buscar este objetivo. La crisis del COVID-19 ha dejado al descubierto que los empleos informales no solo son peor remunerados y menos productivos que los formales, no generan ingresos fiscales y no tienen mecanismos de protección social, sino que, en medio de una pandemia, no son una alternativa efectiva y rápida. De hecho, es muy posible que los efectos de la informalidad sobre la desigualdad y la pobreza se hayan exacerbado durante este periodo”.
En ese sentido, los autores aclaran que existen varias maneras de reducir los costos de la formalidad:
Reducción de aportes a la seguridad social. Establecer pagos que sean una fracción de los que corresponden a tiempos ordinarios puede tener un efecto positivo sobre la generación de empleo; sin embargo, si se trata de esquemas públicos, los menores aportes de los trabajadores tienen un efecto fiscal negativo en el largo plazo.
Reducción de impuestos sobre la nómina. Esta medida tiene consecuencias similares a lo que ocurre cuando se reducen los aportes a la seguridad social en sistemas administrados por el sector público, y podrían oponerse las entidades que dejan de recibir las rentas de destinación especifica (incluyendo tanto a sus administradores, como los sindicatos).
Reducción de costos por despido. Esta medida no afecta considerablemente las finanzas públicas, pero tiene un efecto negativo sobre la estabilidad laboral de los trabajadores y en determinados casos podría acelerar la destrucción de empleo formal. La oposición correría por cuenta de los sindicatos.
Reducción de bonos salariales. La reducción de las primas o bonos y los pagos adicionales por trabajar más allá de la jornada laboral ordinaria no tienen la misma efectividad a la hora de reducir la informalidad, pero generan un fuerte rechazo por parte de los sindicatos, incluyendo los del sector privado. La ventaja es que no conlleva efectos fiscales negativos.
Reducción de los costos salariales. En países donde el salario mínimo sea muy alto con respecto al salario promedio, se puede considerar una moderación en el crecimiento del salario mínimo. Sin embargo, en algunos casos estas acciones requerirían cambios constitucionales.
Subsidio al empleo. Una opción más viable podría ser el ofrecer a los empleadores un subsidio por cada trabajador contratado. Pero, el costo fiscal de esta medida sería elevado, ya que obligaría a extender los subsidios a los trabajadores existentes para evitar que sean despedidos con la promesa de reenganche.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
