De acuerdo con un estudio recientemente publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), la pandemia ha hecho visible una crisis de gobernanza en América Latina y el Caribe, ha evidenciado vulnerabilidades del marco institucional vigente y ha expuesto desigualdades y déficits estructurales que deben atenderse.
Pero esta crisis también es, potencialmente, una oportunidad excepcional de forjar nuevos acuerdos entre gobierno, sector privado, sociedad civil y comunidades, mismos que se deben construir sobre las soluciones para instalar una dinámica recurrente de búsqueda de respuestas que produzcan legitimidad del proceso y resultados, apunta.
El documento América Latina y el Caribe: Gobernanza Efectiva, más allá de la recuperación recuerda que toda esta región sigue estando fuertemente golpeada por el COVID-19. Si bien la humanidad terminó el 2020 con más de 78 millones de enfermos y más de 1.8 millones de muertes, esta área tuvo el 20% del total de casos y el 30% de los fallecimientos en el mundo, unos porcentajes desproporcionados considerando que aquí habita menos del 9% de la población mundial.
A este nivel de impacto, expone, se añaden las consecuencias derivadas de la pandemia en los ámbitos económicos, sociales y políticos, mismas que se suman a condiciones previas de la región, incluyendo “baja confianza en las instituciones, polarización política y social, percepción de captura del estado y mecanismos de representación política debilitados. El bajo crecimiento económico de la región se agrava con altas desigualdades y debilidad fiscal. Es decir, el COVID-19 va más allá de una crisis de salud y se debe entender como una crisis de gobernanza por su carácter sistémico”.
“La magnitud multidimensional de la crisis de gobernanza actual exige una conversación sobre la necesidad de adaptar las reglas de juego que norman el diseño y la implementación de las políticas públicas de desarrollo humano. La recuperación y reconstrucción del tejido social y productividad económica equitativa se basarán en los acuerdos políticos y los procesos de gobernanza que sean puestos en marcha. El resultado será proporcional a acuerdos políticos y procesos permanentes que generen oportunidades y permitan el acceso a formas justas e inclusivas de productividad social y económica”.
La UNDP considera que, mientras las sociedades emergen de las consecuencias inmediatas de la crisis, se debe aspirar a algo más que correcciones marginales de respuesta por lo que hay que apuntar hacia a una recuperación sostenible, así como a construir un mejor sistema de salud y más fuerte, una economía más resiliente y equitativa que genere oportunidades e igualdad de acceso a las mismas para la próxima década.
Ocho principios de gobernabilidad efectiva
A fin de cambiar esta dinámica de bajo crecimiento, alta desigualdad y alta vulnerabilidad, propone para América Latina y el Caribe unos principios de gobernabilidad efectiva para orientar la construcción de una normalidad que no solamente es nueva, sino también mejor:
1. Políticas fiscales que permitan un gasto sostenible, incluyente y amigable al crecimiento económico. Es necesario que los regímenes fiscales se transformen para garantizar recaudos que fortalezcan la capacidad del estado de proveer servicios públicos de calidad, permitiendo un gasto sostenible, más justo e inclusivo, que promueva la universalidad de la protección social y que sea amigable al crecimiento económico.
2. Transformación de las capacidades de los estados con innovación. Los objetivos, reglas y estructuras deben adaptarse a las expectativas ciudadanas para garantizar la prestación de servicios públicos eficientes y efectivos. La experimentación constante se establece como necesaria en la búsqueda permanente de mejores resultados.
3. Transparencia, publicidad de información y rendición de cuentas en la gestión pública. La información que concierne a la gestión pública debe ser abierta, accesible y oportuna; las decisiones e implementación de los quehaceres del Estado tienen que ser accesibles a la ciudadanía, y los tomadores de decisiones deben responsabilizarse por sus acciones.
4. Reconstrucción de la confianza y legitimidad en los actores políticos, económicos y sociales. Es importante aplicar medidas para la reconstrucción de la confianza en los actores políticos, económicos y sociales, hoy claramente disminuida.
5. La ciudadanía como parte activa en la construcción de acuerdos. Las personas deben ser parte activa de la búsqueda permanente de acuerdos en torno a la construcción de sociedades inclusivas y prósperas que beneficien a la mayoría.
6. Eliminación del uso de violencia como mecanismo de negociación entre actores sociales y políticos. La seguridad ciudadana tiene que ser resultado esencial del desarrollo, reforzando la prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral.
7. La ley y el acceso a la justicia con igualdad para toda la ciudadanía. No puede haber fueros ni privilegios y la ley debe aplicarse imparcialmente con equidad y justicia, para ello es importante fortalecer las instituciones garantes de la justicia y la promoción de los derechos humanos.
8. La equidad intergeneracional y sostenibilidad ambiental como objetivos prioritarios. La sostenibilidad (económica, social y ambiental) se establece como el objetivo último de la gobernanza para el desarrollo.
Cinco proposiciones para atender la crisis por COVID-19
A su vez, el organismo de la red mundial de las Naciones Unidas considera que “la magnitud multidimensional de la crisis de gobernanza actual” exige una conversación sobre la necesidad de adaptar el diseño y la implementación de las políticas públicas de desarrollo humano y para ello realiza las siguientes proposiciones:
Adaptando las reglas de juego: Las desigualdades expuestas por la pandemia son producto de déficits estructurales que perpetúan privilegios y asimetrías en capacidad de influencia. Se requiere de cambios de políticas y de legislación que corrijan estos déficits.
Formulando pactos fiscales justos y solidarios que permiten gastos sostenibles, inclusivos y amigables al crecimiento económico: La crisis económica y de producción ocasionada por la pandemia y la respectiva recesión económica está reduciendo la capacidad de ingreso de los gobiernos, poniendo en riesgo su capacidad de respuesta y soluciones.
Fortaleciendo la capacidad del estado: El rol de los gobiernos ha sido y seguirá siendo fundamental para establecer balances positivos y fomentar prosperidad, bienestar y cohesión social en las sociedades.
Recuperando la confianza y legitimidad: La pandemia ha generado más información, pero no necesariamente mayor conocimiento. Las redes sociales se han apoderado de gran parte del debate público y político.
Logrando igualdad de acceso a capacidades y oportunidades: La sostenibilidad de la recuperación requiere de reconstruir tejidos sociales y productivos de manera equitativa y eficiente.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund
https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
