El Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), José Moreno Mena, explicó que uno de los colectivos más afectados por la pandemia ha sido el migrante, ya que dificultó más la movilidad de los centroamericanos que solicitan asilo y de los mexicanos desplazados.
Al principio de la pandemia -recordó-, se restringieron los vuelos, el tránsito de camiones foráneos y hasta cierto punto se cerró la frontera norte, mientras que algunos estados y municipios de México cerraron parcialmente la entrada a sus territorios, lo que limitó en gran medida la movilidad por el territorio mexicano, por lo que la población migrante se quedó “varada y a su suerte”.
Durante el webinar Poblaciones migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia COVID-19, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), señaló que la contingencia volvió casi imposible el acceso a la salud por parte de esta población para otros padecimientos que no fueran COVID-19, por la prioridad que le dieron las autoridades federales mexicanas a esta enfermedad.
“De pronto los migrantes, que antes podían acercarse al sistema de salud para alguna curación leve o afectación de emergencia, ahora tienen un acceso limitado y hasta casi nulo a una atención médica de este tipo”, especificó.
En este sentido, comentó, un sector que ha sido más vulnerado es el de las mujeres embarazadas, porque si antes resultaba difícil canalizar a los sectores de salud estatales a una mujer que ya estaba por dar a luz, ahora se ha convertido en algo casi imposible, por lo que han tenido que acudir a clínicas, consultorios o médicos particulares, con la ayuda de las organizaciones civiles y grupos religiosos, poniendo en mayor riesgo su salud y la de sus hijos.
El doctor en Ciencias Sociales Aplicadas indicó que el gobierno de (Donald) Trump aprovechó la coyuntura para ralentizar los procesos administrativos de migración y agilizar las deportaciones de indocumentados que cruzaron hacia Estados Unidos.
Mediante órdenes ejecutivas, el 21 de marzo echó a andar el programa de salidas exprés bajo el título 42 del Código de leyes de los Estados Unidos de América La Salud Pública y la Enfermedad, instalando centros de control de enfermedades donde se retorna a migrantes y centroamericanos en territorio mexicano a las horas o minutos de haber sido detenidos cruzando la frontera estadounidense. De esta forma se ha deportado a más de 14 mil 500 personas de manera expedita. Mientras que los niños y niñas centroamericanos no acompañados son trasladados hacia sus países de origen sin muchas reglas, puntualizó.
Por su parte el Gobierno Mexicano, relató, ante las dificultades para poder retener a los migrantes centroamericanos en las estaciones migratorias, se ha visto obligado a prácticamente vaciarlas otorgándoles un documento que señala a las personas como solicitantes de refugio y eso les permite una estancia en el país durante 90 días, pero con la condición de no regresar a la frontera norte.
“Todavía no sabemos que pasa con esta población. Hay incertidumbre sobre donde está. Sabemos que las autoridades mexicanas les buscaron refugio temporal, en algunos casos en hoteles, o bien se agilizaron las deportaciones a su lugar de origen, pero nada más”.
Por todo lo anterior, “podemos decir que la pandemia está siendo aprovechada para desarrollar las agendas migratorias de los gobiernos involucrados violando las leyes internacionales”, concluyó.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
