La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra, dijo que México afronta la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia después de una caída del crecimiento en 2019, por lo que, aunque hubiera un cierto rebote en 2021, se espera que la recuperación sea muy lenta y seguramente tomará al menos tres años retomar la actividad económica equivalente al año anterior.
Al presentar el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020: Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19, explicó que esto dependerá lógicamente de lo que pase en este último trimestre y en el próximo año. “La actividad económica podría tener una recuperación gradual próximamente, pero aún así pensamos que regresar a los niveles anteriores sería muy difícil”.
Recordó que nuestro país ha implementado una decidida política de transferencias a 21 millones de ciudadanos, entre ellos a más de 10 millones de mujeres, lo que representa un impulso muy importante al consumo, pero la economía mexicana, a diferencia de otros países, no cuenta con algunos estabilizadores automáticos, como el seguro del desempleo, por lo que sería importante avanzar un poco más en este tipo de políticas de protección social y sobre todo en la formalización de las micro y pequeñas empresas.
Creo que para el caso de México la vecindad y el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es muy importante y consideramos que lo interesante es ver como se puede potenciar una mayor interacción dentro de los sectores mexicanos, potenciando el dinamismo del centro, tanto al norte como al sur del país, estimó.
En este contesto, destacó las medidas de inversión anunciadas ayer por el Gobierno de México, las cuales están orientadas justamente al empleo y a la infraestructura, puesto que este anuncio de un plan de inversión equivalente a 1.2% del PIB, donde se incluye el tren México-Querétaro, el ramal Aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor aeroportuario Monterrey y otros proyectos en materia de energía, puede redundar en la creación de alrededor de 200 mil puestos de trabajo.
Al referirse al informe presentado, la representante de la Comisión regional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que la pandemia ha tenido graves impactos negativos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento y con aumentos en la desigualdad, la pobreza y el desempleo.
Esta es la peor crisis económica en 100 años, con una contracción estimada del producto interno bruto (PIB) regional del -9,1%, lo que significa que a fines del 2020 el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010, con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza. Asimismo, se prevé el cierre de 2,7 millones de empresas formales en 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, especificó.
A su vez, puntualizó, los niveles de pobreza alcanzarían a 231 millones de personas, por lo que llegarían a las mismas cantidades observadas en 2005, lo que marcaría un retroceso de 15 años; mientras que la pobreza extrema alcanzaría a 96 millones de personas y llegaría a los niveles de 1990, un retroceso de tres décadas.
En este escenario, retomar los niveles de actividad económica a niveles precrisis tomará varios años y será esencial mantener y profundizar las políticas macroeconómicas activas, así como una fiscalidad expansiva que requerirá un marco de sostenibilidad centrado en el fortalecimiento de los ingresos y el acceso al financiamiento en condiciones adecuadas, aseveró.
Alicia Bárcena consideró que para apoyar las políticas fiscales y monetarias es esencial distribuir mejor la liquidez global a través de la cooperación internacional. “En este campo se debe capitalizar las instituciones de crédito multilaterales para ampliar su capacidad de financiamiento y liquidez, tanto en la coyuntura como con una mirada más larga. También institucionalizar la cooperación entre los bancos centrales para sostener tanto las políticas monetarias expansivas como aquellas dedicadas a la preservación de la estabilidad macrofinanciera, junto con ampliar la red de seguridad financiera mundial y regional para contrarrestar los efectos negativos de la volatilidad de los flujos financieros en momentos de crisis sistémicas”.
La iniciativa Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics – FACE), presentada por el Gobierno de Costa Rica, es mecanismo innovador para proporcionar financiamiento concesional a los países en desarrollo y constituye un ejemplo de cooperación internacional para mejorar la distribución de la liquidez global, manifestçp.
Asimismo, indicó que el alivio y la restructuración de la deuda para países con vulnerabilidades y alta carga de pagos de intereses es necesario para expandir espacio de políticas. “Actualmente, los países de renta media concentran el 96% del total de la deuda de los países en desarrollo (excluyendo a China e India), por lo que es urgente que la comunidad financiera internacional amplíe las condiciones de liquidez para hacer frente a las necesidades de financiamiento a nivel mundial”.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
