De acuerdo con el informe del Banco Mundial Panoramas Alimentarios Futuros: Reimaginando la Agricultura en América Latina y el Caribe, es necesario que los responsables de políticas públicas de la región lleven a cabo reformas para que el sector agropecuario juegue un papel cada vez más importante en la recuperación de la crisis de COVID-19, la erradicación de la pobreza extrema y la promoción de la prosperidad compartida.
La ganadería y la agricultura de la zona juegan un papel fundamental en la producción de alimentos y servicios ecosistémicos que benefician a todo el planeta, pero actualmente millones de productores rurales de toda la región intentan sobreponerse al impacto de la crisis sanitaria mundial, la desaceleración económica, fenómenos climáticos sin precedentes y una crisis migratoria agobiante, por lo que los gobiernos deben trabajar con miras a desplegar el enorme potencial que tiene este sector para impulsar el crecimiento sostenible e inclusivo durante las próximas décadas, refiere.
El documento elaborado por Michael Morris, Ashwini Rekha Sebastian y Viviana Maria Eugenia Perego señala que la repentina crisis sanitaria del COVID-19 y su rápida propagación en todo el mundo ilustra los riesgos potenciales que implican las pandemias para las cadenas de suministro regionales y mundiales, pone de relieve el valor de considerar un amplio abanico de escenarios posibles y subraya la importancia de identificar medidas para aumentar la resiliencia.
“Mientras se va desplegando la dimensión real de los efectos de la pandemia, cuya magnitud todavía no es predecible, es indudable que sus efectos sobre los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe se manifestarán en múltiples dimensiones”.
La crisis sanitaria mundial desencadenada por el COVID-19, que pone en peligro la salud y la seguridad de millones de personas, ha empezado a causar grandes dificultades económicas e incertidumbre en la región, las cuales afectan particularmente a las personas más vulnerables, incluidas las que viven en zonas rurales en condiciones de pobreza, refiere el escrito.
Cabe señalar que algunos gobiernos han intentado controlar la propagación de la enfermedad cerrando fronteras, restringiendo la movilidad e imponiendo medidas de distancia social y cierre de negocios. Dichas medidas no suelen aplicarse a las mercancías, pero unos pocos pequeños países exportadores han impuesto restricciones temporales para las exportaciones y otras formas de protección. Si bien estas barreras han contribuido a desabastecimientos localizados y a ciertas interrupciones intrarregionales en las exportaciones de alimentos, los parámetros clave utilizados para supervisar el abastecimiento mundial de productos agrícolas y alimentos están demostrando ser estables.
El estudio indica que esta crisis está generando efectos en la demanda, ya que sus repercusiones económicas se hacen sentir en muchos sectores de los que dependen la mayoría de los países de la zona, incluidos el transporte y el turismo y, a medida que la actividad económica se desacelera y en algunos casos se detiene por completo, muchos hogares están sufriendo pérdidas significativas de sus ingresos.
“El poder adquisitivo cada vez menor de los hogares está afectando directamente a su capacidad para comprar alimentos o pagar otras necesidades básicas. Debido a que la demanda de alimentos presenta una relativa falta de elasticidad en los precios, es probable que muchos consumidores de bajos ingresos tengan que recurrir a mecanismos de supervivencia, tales como reducir el consumo o adquirir alimentos más económicos y con menor contenido nutricional”.
Por otra parte, el informe del Banco Mundial considera que la pandemia también tiene efectos sobre la oferta de productos. Las medidas de distanciamiento social, las restricciones de la movilidad y los problemas de salud asociados al COVID-19 están reduciendo la oferta laboral en la agricultura de América Latina y el Caribe, ya que amenazan con afectar de forma significativa a las instalaciones de procesado y envasado, donde grandes cantidades de personas trabajan muy cerca unas de otras.
Además, las restricciones de la movilidad están dificultando que los trabajadores de los sistemas alimentarios nacionales viajen desde sus hogares a las explotaciones agrícolas, fábricas y almacenes, y el cierre de las fronteras nacionales interrumpe el movimiento de los trabajadores estacionales de los que dependen los sistemas alimentarios de muchos países. A más largo plazo, se prevé que el aumento de la morbilidad y la mortalidad reduzcan el tamaño y la productividad de la mano de obra.
El escrito puntualiza que los efectos directos de la crisis sobre la oferta y la demanda suponen un impacto a nivel macroeconómico y se manifestarán de forma diferente dependiendo de la posición comercial neta de cada país.
“Para los importadores netos de alimentos, el aumento de los precios internacionales de los alimentos o las interrupciones en el abastecimiento mundial significarían un aumento de los costes y podrían dar lugar a la escasez de alimentos. Para los exportadores netos de alimentos, la devaluación de las divisas y el aumento de los precios internacionales de los alimentos podrían aumentar los ingresos de las exportaciones, pero únicamente si la demanda extranjera se sostiene y las alteraciones logísticas no obstaculizan el flujo comercial”.
“Es importante señalar que estos efectos no se producen aisladamente, sino que interactúan con precios cada vez más bajos del petróleo, caída en picado de la demanda de productos básicos, fluctuaciones cambiarias, crecientes problemas de liquidez, sequías esporádicas, huracanes periódicos y desafíos políticos. La suma de estos factores puede tener como resultado que se den las condiciones para un impacto fiscal a nivel macroeconómico, que limitaría la capacidad de muchos gobiernos de responder a la crisis sanitaria”.
Los especialistas consideran que es necesario que los tomadores de decisiones emprendan acciones urgentes para enfrentar a esta crisis con el objetivo de preservar los medios de vida y salvaguardar la seguridad alimentaria, especialmente de los sectores más vulnerables.
Para estabilizar la producción y, al mismo tiempo, proteger la salud de los agricultores y trabajadores, proponen provisiones de emergencia de insumos productivos, una ampliación esencial de los servicios de extensión agrícola y veterinarios, así como ayudas financieras para las pequeñas y medianas empresas (PyMES) y los productores individuales, con el fin de que puedan superar la recesión económica temporal.
A su vez, es necesario que garanticen la permanencia de las cadenas de suministro esenciales, especialmente las informales que manejan una gran proporción de alimentos en muchos países de la región, por lo que se se deben analizar opciones para mitigar los obstáculos logísticos que impiden a los agricultores vender sus productos o comprar insumos.
“Con el fin de salvaguardar la seguridad alimentaria, es necesario que haya redes de seguridad social que permitan garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos, en especial por parte de las poblaciones vulnerables. En los casos más desfavorables, donde los mercados no están funcionando de forma segura, la única opción inmediata podría ser una distribución directa de alimentos seguros, mientras que las transferencias de efectivo se ajustan mejor a una situación en la que los mercados están en funcionamiento y es posible adquirir alimentos”.
La recuperación de los sistemas alimentarios a mediano plazo implica reconstruir mejor; por ello es preciso reformular los sistemas, las políticas y las instituciones en la transición a la fase posterior al COVID-19 con el fin de garantizar un panorama alimentario más limpio, más verde y más inclusivo, consideran.
“Las medidas en este sentido incluyen mejorar e innovar las cadenas de valor agroalimentario, combinar medidas de seguridad mejoradas, aplicar enfoques de capacidad de adaptación al clima y nuevos formatos comerciales, incluso para los sistemas agrologísticos; revisar la normativa sobre la mano de obra agrícola, teniendo en cuenta una nueva formación y cualificación de los trabajadores rurales; mejorar la bioseguridad y la calidad y seguridad alimentaria; impulsar sistemas mejorados de medidas sanitarias y fitosanitarias para evitar la propagación de plagas o enfermedades entre animales y plantas, y garantizar que los alimentos sean seguros y nutritivos para los consumidores. En particular, un paso esencial para crear sistemas alimentarios más seguros y efectivos será introducir sistemas de trazabilidad en todas las etapas de la cadena alimentaria”.
Los autores consideran que la gestión de riesgos integrada es fundamental para mitigar los efectos y garantizar una resiliencia sostenida. “Para garantizar una respuesta más eficaz en el futuro, los responsables políticos deberán evaluar y reforzar el funcionamiento de los mecanismos de respuesta de sus países. En particular, la forma de producir, transformar, mover y consumir los alimentos es un factor impulsor principal del riesgo de las enfermedades infecciosas”.
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
