El informe “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alerta de que la pandemia actual ha desencadenado la mayor crisis económica y social de la región en un siglo.
El documento pronostica que la crisis de demanda y de oferta será la peor de toda la historia; las exportaciones de la región caerán un 23 por ciento; el ingreso per cápita retrocederá a los niveles de 2010, por lo que hemos perdido una década; la tasa de desocupación alcanzaraÌ el 13.5 por ciento, es decir habrá 44 millones de desempleados, y se espera el cierre de 2.7 millones de empresas formales.
Asimismo, el PIB decrecerá un 9.1 por ciento; la pobreza alcanzará el 37.3 por ciento de la población, esto es habrá 231 millones de pobres, y habrá 98 millones de personas en pobreza extrema.
El documento presentado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia BaÌrcena, y la Directora de la OPS, Carissa F. Etienne, señala que el COVID-19 ha revelado los problemas estructurales del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, ya que muchos países de la región son el epicentro de la pandemia y encabezan las estadísticas mundiales de contagios. La desigualdad, pobreza y vulnerabilidad económica y social, así como las brechas de género y etnia, han exacerbado los efectos de la emergencia sanitaria en la región.
Asimismo, el alto grado de urbanización potencia los contagios, y la informalidad laboral y los débiles sistemas de protección social amplifican los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Las organizaciones internacionales advierten que hay riesgo de una crisis alimentaria, con aumento de la vulnerabilidad de la salud, ya que con esta crisis los hogares reciben menores ingresos, lo que redunda en una menor calidad nutritiva en la canasta alimentaria. Los gobiernos han tomado medidas importantes, pero son insuficientes para dar cuenta de la magnitud de la brecha.
También es necesario considerar que al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita retrocederá a niveles de hace 10 años y los niveles de pobreza 14 años. Por su parte, el índice de Gini, que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, se incrementaría en 4.9 puntos porcentuales en promedio en la región, y entre el 5.0 y el 5.9 por ciento en México.
Entre los grupos particularmente vulnerables consideran: Personas mayores, trabajadores informales que integran el 54 por del empleo, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y migrantes.
En la presentación, Alicia BaÌrcena, señaló que sin ninguna duda, es necesario priorizar la salud sobre la economía, ya que no hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada, y no hay reactivación posible sin un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir de testeo, trazabilidad y confinamiento.
Las medidas sanitarias dirigidas a controlar la pandemia, como la cuarentena y el distanciamiento, deben articularse con las medidas sociales y económicas dirigidas a atenuar los efectos de la crisis, pues estas ultimas facilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias, dijo. Además, es necesario orientar la reactivación a cerrar brechas en los determinantes socio-económicos de la salud y del sistema de salud hacia la universalidad.
Por su parte, Carissa Etienne, indicó que el distanciamiento social se tiene que introducir con cuidado. “No reabran demasiado pronto, porque si no se van a arriesgar a un rebrote de covid 19 que va a socavar los avances logrados en los últimos meses”.
Asimismo, reiteró el exhorto de la OPS a que todas las medidas de protección social vayan de la mano de la protección económica, para que la gente no tenga que elegir entre su salud o la posibilidad de mantenerse y mantener a su familia.
Para combatir esta situación, la CEPAL y la OPS hacen las siguientes propuestas: Ingreso básico de emergencia por 6 meses a toda la población en pobreza, complementado con un bono contra el hambre a toda la población en extrema pobreza; políticas sociales universales, progresivas y distributivas; ampliación de plazos y periodos de gracia en los créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, así como cofinanciamiento parcial de la nómina salarial; políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más largo de gasto (que seráÌ estructural) con instrumentos no convencionales; y acceso a financiamiento en condiciones favorables para países de renta media.
Calculan que un ingreso básico de emergencia a todas las personas en situación de pobreza equivalente a una línea de pobreza, es decir 143 dólares, por 6 meses tendría un costo del 2 por ciento del PIB regional y del 3.6 por ciento por 9 meses.
Mientras que complementar con un bono contra el hambre equivalente al 70 por ciento de una línea de regional pobreza extrema, es decir 67 dólares, implicaría una inversión de 27,1 miles de millones de dólares o el 0.52% del PIB regional.
Daysi Aller
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund