El informe La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que la pandemia por COVID-19 ha afectado a unos 165 millones de estudiantes de esta región, quienes dejaron de tener clases presenciales en la escuela.
En el ámbito educativo, los países de la zona han adoptado medidas ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, con o sin uso de tecnología; el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes.
De acuerdo al estudio, además de interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afectó a la alimentación y la nutrición del alumnado, especialmente en los sectores más vulnerables. “Se observa que 21 de los 33 países de la región han mantenido los programas de alimentación escolar de diversas formas”, desafortunadamente México no se encuentra entre ellos, por lo que sus estudiantes, además de ser privados de educación ahora carecen de apoyos como los desayunos escolares.
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe cuentan con recursos y plataformas digitales para la conexión remota, los cuales han sido reforzados a una velocidad sin precedentes por los Ministerios de Educación con recursos en línea y la implementación de programación en televisión abierta o radio.
“No obstante, pocas naciones de la región cuentan con estrategias nacionales de educación por medios digitales con un modelo que aproveche las tecnologías de la información y la comunicación. A ello se suma un acceso desigual a internet, que se traduce en una distribución desigual de los recursos y las estrategias, lo que afecta principalmente a sectores de menores ingresos o mayor vulnerabilidad”.
En ese sentido, México se caracteriza porque existe una brecha muy grande si se comparan los niveles socioeconómicos, ya que si se considera el acceso a la tecnología de estudiantes de 15 años, solamente un 11% de los chicos en condiciones de pobreza, del cuartil I, puede acceder a una computadora de escritorio, el 13% a un portátil y el 13% a una tableta, mientras que entre los de alto nivel socioeconómico, del cuartil IV, estas cifras se ubican en 66, 78 y 78% respectivamente.
“Esta situación exige priorizar los esfuerzos dirigidos a mantener el contacto y la continuidad educativa de aquellas poblaciones que tienen mayores dificultades de conexión y se encuentran en condiciones sociales y económicas más desfavorables, para mantener procesos educativos en el hogar. Asimismo, es necesario proyectar procesos de recuperación y continuidad educativa para el momento de reapertura de las escuelas, que consideren las diferencias y las desigualdades que se profundizarán en este período”.
El informe refiere que en México, entre los estudiantes de 15 años, sólo el 57% tiene acceso a una computadora, el 68% tiene acceso a internet y únicamente el 28% tiene algún software educativo. Cifras que se encuentran por debajo de la media de América Latina, donde el 61% tiene acceso a una computadora, el 79% cuenta con internet y el 30% usa algún software educativo.
Además, no es suficiente tener acceso a Internet, porque no todas las modalidades ofrecen las mismas oportunidades de uso y aprovechamiento, ya que estas también dependen en gran medida de la calidad de la conexión y el tipo de dispositivo. Para la CEPAL y la UNESCO, es importante fortalecer el acceso real de las poblaciones menos favorecidas, ya que muchas veces el acceso a internet móvil se produce a través de planes de prepago que proporcionan muy pocos minutos disponibles para poder navegar o utilizar las plataformas de aprendizaje.
La pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades sociales, la inequidad y la exclusión, por lo que uno de los desafíos prioritarios en materia educativa es garantizar la equidad e inclusión, así que se recomienda a los gobiernos el centrarse en los grupos de población más vulnerables y marginados, así como en la diversidad sexual y de género. 

También deben enfocarse en la mejora de los contenidos de los programas de estudios (relacionados con la salud y el bienestar, en particular) y en el apoyo especializado al personal docente, asegurando condiciones contractuales y laborales adecuadas, la formación docente para la educación a distancia y el retorno a clases, y el apoyo socioemocional para trabajar con los estudiantes y sus familias, indican los especialistas.
Los organismos internacionales refieren que el 51,2% de niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas en América Latina reside en hogares con algún tipo de precariedad habitacional; es decir, más de 80 millones de menores de edad enfrentan algún tipo de privación en sus condiciones habitacionales y unos 18 millones residen en hogares con precariedad habitacional grave. “Este hacinamiento impide contar con un espacio adecuado para estudiar y descansar, lo que repercute en el desarrollo cognitivo en la infancia y las trayectorias laborales y de bienestar en la adultez, a la vez que favorecen una mayor propensión a situaciones de abuso”.
En ese sentido, quienes trabajan en la educación, las familias y las comunidades necesitan desarrollar habilidades vitales de adaptación y resiliencia emocional. El aprendizaje socioemocional es una herramienta valiosa para mitigar los efectos nocivos de la crisis sociosanitaria y una condición para el aprendizaje. Ello requiere acompañamiento, apoyo y recursos especialmente orientados a esta dimensión.
El estudio refiere que, en términos de financiamiento de la educación, un análisis inicial del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO muestra que la crisis provocada por la pandemia tendrá un impacto significativo en dos niveles: La disminución de la inversión en educación durante la crisis, así como el costo adicional que resulte de ella, y una esperada reducción de los recursos financieros disponibles en el futuro para el sector educativo.
Dada la proyección más reciente de la CEPAL de una contracción de la actividad económica regional y de una caída promedio del 9,1% del PIB en América Latina y el Caribe, salvaguardar el financiamiento para la educación es una prioridad fundamental para proteger a los sistemas educativos nacionales de la exacerbación de las desigualdades en el acceso a la educación y la crisis de aprendizaje, aclara.
Toda vez que el impacto económico de la pandemia de COVID-19 todavía está evolucionando y la recuperación podría darse hasta el 2021, es fundamental calcular los costos de los sistemas educativos nacionales y priorizar el gasto, así como garantizar la protección de la educación como un derecho humano fundamental.
“La actual pandemia de COVID-19 nos brinda la posibilidad de replantearnos el propósito de la educación y su papel en el sostenimiento de la vida y la dignidad humanas, para que nadie se quede atrás. En otras palabras, al tiempo que los países examinan la mejor manera de abordar las incertidumbres y reabrir sus instituciones de enseñanza en condiciones de seguridad, esta crisis ofrece una oportunidad sin precedentes para aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas educativos nacionales y transformarlos en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento del compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, apunta el informe.
Daisy Aller
Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fundhttps://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund
